La política como defensa de la persona

Jaime Rodríguez-Arana

Catedrático-director del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de La Coruña, España. Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

 

El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres; en quienes tienen una aptitud real de decisión, en quienes llenan de contenidos de libertad la vida pública todos los días.

 

La relación entre ética y política, entre la rectoría de los asuntos públicos y la dimensión moral, es un problema intelectual de primer orden, de gran calado. Desde los inicios mismos del pensamiento filosófico y a lo largo de toda la historia en Occidente ha sido abordado por tratadistas de gran talla, desde las perspectivas más diversas y con conclusiones bien dispares. Y por mucho que se haya pretendido traducir algunas de ellas en formulaciones concretas, la experiencia histórica ha demostrado sobradamente que ninguna puede tomarse como una solución definitiva a tan difícil cuestión. En realidad, la democracia como forma de gobierno encierra en sí misma un fuerte componente ético pues consiste esencialmente en gobernar para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos a través de su participación real en los asuntos que vertebran el interés general.

La dignidad de la persona y sus derechos fundamentales ocupa en este tema una posición capital. Hasta el punto de que el ejercicio del poder público en la democracia debe ir orientado y dirigido a que las personas se puedan realizar libre y solidariamente de la mejor forma posible en la vida social. Sobre esta base, sobre el suelo firme de nuestra común concepción del hombre (que se explicita de algún modo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), es sobre lo que puede asentarse la construcción de nuestro edificio democrático.

Hoy, en plena pandemia, la verdad es que la dimensión ética de la actividad política, como demuestran los sondeos y encuestas en todos los países, parece que se ha olvidado y que cuestiones tan relevantes para la calidad ética del Estado de Derecho, como la transparencia o el ejercicio de las libertades, se consideran extravagancias, objetos decorativos o, en todo caso, resabios burgueses. Así las cosas, urge un renacimiento de lo ético si es que no queremos caer presos, de una u otra manera, por la actual deriva totalitaria con sus purgas ideológicas en todo el mundo.

Por eso, conviene recordar que el centro de la acción política es la persona. Ahora bien, la persona no puede ser entendida como un sujeto pasivo, inerme, puro receptor, destinatario inerte de las decisiones públicas. Definir a la persona como centro de la acción política significa no sólo, ni principalmente, calificarla como centro de atención, sino, sobre todo, considerarla protagonista por excelencia de la vida pública.

No obstante, afirmar el protagonismo de la persona no quiere decir darle a cada individuo un papel absoluto, ni supone propugnar un desplazamiento del protagonismo ineludible y propio de los gestores democráticos de la cosa pública. Afirmar el protagonismo del individuo, de la persona, es poner el acento en su libertad, en su participación en los asuntos públicos y en la solidaridad.

En el orden político se ha entendido en muchas ocasiones la libertad como libertad formal. Siendo así que sin libertades formales difícilmente podemos imaginar una sociedad libre y justa; también es verdad que es perfectamente imaginable una sociedad formalmente libre, pero sometida de hecho al dictado de los poderosos, vestidos con los ropajes más variopintos del folklore político.

Las sociedades realmente libres son las sociedades de personas libres. El fundamento de una sociedad libre no se encuentra en los principios constituyentes, formales, sobre los que se asienta su estructuración política. El fundamento de una sociedad libre está en los hombres y en las mujeres libres, con aptitud real de decisión política, que son capaces de llenar cotidianamente de contenidos de libertad la vida pública de una sociedad. Pero la libertad, en este sentido, no es un estatus, una condición lograda o establecida, sino que es una conquista moral que debe actualizarse constantemente, cotidianamente, en el esfuerzo personal de cada uno para el ejercicio de su libertad, en medio de sus propias circunstancias.

Afirmar que la libertad de los ciudadanos es el objetivo primero de la acción política significa, en primer lugar, perfeccionar, mejorar, los mecanismos constitucionales, políticos y jurídicos que definen el Estado de Derecho como marco de libertades. Pero en segundo lugar, y de modo más importante aún, significa crear las condiciones para que cada hombre y cada mujer encuentre a su alrededor el campo efectivo, la cancha, para jugar libre y solidariamente su papel activo, para desarrollar su opción personal, para realizar creativamente su aportación al desarrollo de la sociedad en la que está integrado. Creadas esas condiciones, el ejercicio real de la libertad depende inmediata y únicamente de los propios ciudadanos, de cada ciudadano. Pienso que por este camino deben discurrir algunas de las más relevantes manifestaciones de regeneración democrática que requiere nuestro sistema político.

La política democrática es una tarea ética en cuanto se propone que el hombre, la persona, erija su propio desarrollo personal en la finalidad de su existencia, libremente, porque la libertad es la atmósfera de la vida moral. Que libremente busque sus fines, lo que no significa que gratuita o arbitrariamente los invente, sino que libremente se comprometa en el desarrollo de la sociedad, libremente asuma su solidaridad con sus conciudadanos, sus vecinos.

El solar sobre el que es posible construir la sociedad democrática es el de la realidad del ser humano, una realidad no acabada, ni plenamente conocida, por cuanto es personalmente biográfica y socialmente histórica, pero incoada y atisbada como una realidad entretejida de libertad y solidaridad, y destinada, por tanto, desde esa plataforma sustantiva, a protagonizar su existencia.

La política democrática no puede reducirse, pues, a la simple articulación de procedimientos, con ser este uno de sus aspectos más fundamentales; la política democrática debe partir de la afirmación radical de la preeminencia de la persona y de sus derechos, a la que los poderes públicos, despejada toda tentación de despotismo o de autoritarismo, deben subordinarse.

La afirmación de la prioridad del ser humano, de su fundamentalidad en la concepción de las nuevas políticas, es el elemento clave de su configuración ética. Pero tratar de configuración ética no puede entenderse como la articulación de una propuesta ética concreta, definida, que venga a constituir una especie de credo o de código de principios dogmáticos desde los que se pretenda hacer una construcción política.

Las diferentes encuestas, sondeos y consultas que encontramos acerca de cuáles son los problemas reales de la sociedad suelen coincidir, sea cual sea su origen o procedencia, en tres puntos. Primero, que el principal problema es el paro, el desempleo, hoy muy alto, tras la pandemia. Segundo, que el grado de desafección de los ciudadanos en relación con los políticos, y con la actual forma de estar y de hacer política, es cada vez mayor y no para de crecer. Y tercero, los partidos políticos, por algo será, siguen siendo las instituciones más corruptas y desprestigiadas de todas cuantas son examinadas. La tendencia se mantiene desde hace unos años, agudizándose, es lógico, durante la crisis integral que estamos sufriendo en tantos países del mundo.

Estos años en los que asistimos a relevantes cambios y transformaciones en la forma y en el fondo de tantos asuntos de calado para la vida social, política, cultural y económica, se constata que es menester introducir reformas sustanciales en estas cuestiones. Reformas que van más allá de parches o planteamientos de aparente alteración o modificación que no son más que manifestaciones de esa máxima tan conocida, y tan practicada, del cambiémoslo todo para que todo siga igual.

En este tiempo, agudizado con ocasión de la pandemia, se desploma, con más o menos intensidad, esta actividad tan relevante, que se percibe como el manejo de la cosa pública en función de los intereses partidistas o de la conservación del poder.

Es verdad que no todos los políticos son corruptos, ni desvergonzados, ni mediocres. Sin embargo, el sistema político que tenemos hoy se ha tornado en una fábrica imparable de corrupción por la sencilla razón de que muchos de quienes se dedican a esta noble actividad, o no disponen de una posición profesional sólida o han cedido a la tentación del mando por el mando, del dominio por el dominio, que no pocas veces adquiere tintes de adicción con las consecuencias que acompañan a estas enfermedades. Además, tampoco se puede olvidar que en buena medida la democracia en la vida de los partidos se ha sustituido por una calculada y hábil dominación por parte de determinadas dirigencias que en muchos casos poco o nada tiene que ver con las ideas que jalonan la forma y el modo de entender e interpretar asuntos de gran relevancia política y social.

El poder de las élites de las formaciones partidarias es de tal calibre, cuantitativa y cualitativamente, que se comprende, sin que exista justificación alguna, que un sistema político que tiene en su base la idea de limitación, de racionalidad y de la centralidad del ser humano, termine por convertirse en un espacio de dominación general en el que se tolera mal la libertad de expresión y la diferencia. Un mundo en el que los dirigentes se reparten, con arreglo tantas veces a criterios subjetivos, los principales cargos en los tres poderes del Estado.

Desgraciadamente, el sistema propicia estos comportamientos, en los que se mascan no pocos escenarios de corrupción como los que tenemos que sufrir en este tiempo, especialmente en este tiempo de pandemia. Si los dirigentes, en lugar de dedicar tanto tiempo a flotar en el proceloso mundo de la manipulación y de la dominación se dedicaran a conocer y resolver, en la medida de sus posibilidades, las preocupaciones reales del pueblo, otro gallo cantara.

Esperemos que quienes tengan que tomar decisiones de cambio y transformación sean capaces de hacerlo. No para proponer o propiciar más reformas nominales y formales. Ahora se precisa de verdad un ambiente que facilite democratizar nuestra democracia, que desmercantilice el mercado y, sobre todo, que el centro de la acción política sea ocupado por la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas.