La fuerza mayor, un recuento jurídico

Víctor Manuel Rublúo Parra

Licenciado por el Centro Universitario México División Estudios Superiores. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Profesor del Instituto de la Judicatura Federal, autor de diversas obras especializadas y presidente de Martes de Ópera, A.C.

 

Nuestro sistema jurídico trata a la fuerza mayor como un suceso que no es previsible o, si lo es, como algo inevitable, y el Estado tiene la responsabilidad de solventar de la mejor forma las pérdidas y conflictos.

 

Por método me permito informar que esta entrega forma parte de un trabajo más amplio en forma de libro que en breve será difundido, por tal motivo sólo será una introducción somera sin doctrina, derecho comparado y comentarios a todas las leyes y jurisprudencias que refieren al tema y en donde nos avocaremos principalmente al Código Civil de la Ciudad de México.

1. Conceptos

Dice Gutiérrez y González en su libro “Derecho de las Obligaciones”:

“El caso fortuito o fuerza mayor es un acontecimiento futuro cuya realización está fuera del dominio de la voluntad humana, pues no se le puede prever o aun previéndolo no se le puede evitar.

Su efecto es que impide a una persona cumplir con la conducta que debió observar conforme a la ley, o a una obligación lato sensu, originando con ello un detrimento patrimonial a otra persona.”1.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina en una jurisprudencia de hace más de 80 años lo siguiente:

FUERZA MAYOR, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR TAL

Aunque se tome la fuerza mayor como sinónimo de caso fortuito, como producida por hechos del hombre, extraños a un obligado, siempre requiere para su existencia, que no sea imputable a éste, que se trate de un acontecimiento que escape a toda previsión y que constituya un obstáculo insuperable para el cumplimiento de una obligación, ahora bien, la circunstancia de encontrarse un fondo minero en condiciones de difícil explotación, a causa de no contar con el terreno superficial suficiente para una debida explotación, si no es un hecho superveniente al denuncio, ni estaba fuera de la previsión humana, no existe fuerza mayor, y la caducidad que se dicte por la falta de trabajos regulares en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Industrias Mineras, es legal.2

Podemos partir de los siguientes principios:

1º. Fuerza mayor y caso fortuito, la ley los considera sinónimos, pues los utiliza indistintamente; al día de hoy, así es.

2º. La distinción entre una y otro depende de la circunstancia que impide el cumplimiento de los deberes contraídos y que no habrá responsabilidad para el acatamiento de ellos.

2. Elementos

Independientemente del criterio doctrinal que se adopte acerca de si los conceptos fuerza mayor y caso fortuito tienen una misma o diversa significación, no se puede negar que sus elementos fundamentales y sus efectos son los mismos, pues se trata de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente se disponga en el medio social en el que se desenvuelve, ya para prevenir el acontecimiento o para oponerse a él y resistirlo. 3 y 4

Si partiéramos de la tesis anteriormente transcrita encontraríamos los siguientes elementos:

1º. Sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre, extraños al obligado;

2º. Lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una obligación;

3º. Sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa;

4º. Cuya afectación no puede evitar con los instrumentos de que normalmente  disponga en el medio social en el que se desenvuelve.

Ahora bien, el Maestro Gutiérrez y González observa por elementos los siguientes:

a) Un fenómeno de la naturaleza o un hecho de persona con autoridad pública, temporal o definitivo;

b) Un obstáculo general, salvo caso excepcional;

c) Insuperable;

d) Imprevisible; o

e) Previsible pero inevitable;

f) Produce una conducta dañosa contraria a un deber jurídico stricto sensu o a una obligación lato sensu.

De los enumerados podemos observar que no existe una diferencia sustancial, salvo el primero, sumamente discutible, aunque los efectos de ambos criterios acarrearán finalmente las súbitas conclusiones que a la luz de nuestra legislación vigente será similar.

Preciso detenerme en el 1º. y en el inciso a). y transcribo la siguiente Tesis:

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. CUANDO EL ACTO O HECHO EN QUE SE SUSTENTA ES UN ACTO DE AUTORIDAD.

La doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque éste se ve impedido a cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aún previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor. Los diversos tratadistas como Bonnecase, García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tunc también son acordes al distinguir tres categorías de acontecimientos constitutivos de caso fortuito o de fuerza mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o de actos de autoridad; sea que el acontecimiento proceda de cualquiera de esas fuentes y, por ello, provoque la imposibilidad física del deudor para cumplir la obligación, lo que traerá como lógica consecuencia que no incurra en mora y no pueda considerársele culpable de la falta de cumplimiento con la correspondiente responsabilidad de índole civil, dado que a lo imposible nadie está obligado. Las características principales de esta causa de inimputabilidad para el deudor son la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando el hecho puede ser previsto el deudor debe tomar las prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace así no hay caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de generalidad implica que la ejecución del hecho sea imposible de realizar para cualquier persona, no basta, pues, que con la ejecución del hecho sea imposible de realizar para cualquier persona, no basta, pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o de desequilibrio en las prestaciones recíprocas. Así, cuando se trata de actos de autoridad, que algunos autores como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la categoría de hechos provenientes del hombre, el hecho del príncipe, se da a entender a todos aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emana de la autoridad pública.5

Reflexiones: ¿Acaso la existencia de un virus, bacteria o alguna enfermedad provocada sería un hecho de la naturaleza?

Por el momento quizás no sea importante responder debido a los poderes fácticos internacionales, sin embargo, quién o qué podría indemnizar por actos provocados y que hayan producido consecuencias en los aspectos económicos, políticos y sociales.

Al haber una declaración de una situación de fuerza mayor, para que produzca efectos jurídicos necesariamente tendrá que determinarse por la autoridad competente la forma por la cual los deberes contraídos hacen o no responsables a los acreedores o deudores de una obligación.

3. Declaratorias de Emergencia Sanitaria

El 27 de marzo de 2020 el Titular del Poder Ejecutivo Federal declaró, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 30 de marzo fue publicado el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2, denominada Covid-19. Con fundamento en los artículos 4º, párrafo cuarto; 73, fracción XVI, bases 1ª y 3ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, fracción XV; 4º, fracción II; 17, fracción IX; 134, fracción II y XIV; 140 y 141 de la Ley General de Salud, y 1 y 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, el Consejo de Salubridad General como autoridad sanitaria, cuyas disposiciones son obligatorias en el país reconoció a dicha enferemedad como grave, de atención prioritaria, en virtud de la situación que guardaba en ese momento la epidemia.

Desde entonces la Secretaría de Salud pidió que los habitantes del país permanezcieran en sus casas, para contener la enfermedad.

Así parte del texto publicado:

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)

Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020.

Casi un mes después, el 21 de abril la SSA, publicó en el DOF un nuevo acuerdo:

Artículo Primero. – Se modifica la fracción I, del artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO PRIMERO. []

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional;

II. a VIII. []

Artículo Segundo. – Se adicionan los artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto al Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO TERCERO. Las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, referidas en la fracción I del ARTÍCULO PRIMERO del presente Acuerdo, dejarán de implementarse a partir del 18 de mayo de 2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja o nula transmisión del virus SARS-CoV2.

La Secretaría de Salud Federal definirá los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus SARS-CoV2, así como cualquier otro factor relacionado con el riesgo de propagación de la enfermedad y la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas.

Asimismo, la Secretaría establecerá los lineamientos para reducir la movilidad entre los municipios con distinto grado de propagación, a fin de evitar la dispersión de la enfermedad.

En todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tenga en los municipios, se mantendrá, hasta nuevo aviso, la medida señalada en la fracción V del ARTÍCULO PRIMERO del presente Acuerdo, relativa a la protección de las personas del grupo de riesgo.

ARTÍCULO CUARTO. – La Secretaría de Salud Federal realizará las adecuaciones que considere necesarias al sistema de vigilancia epidemiológica, y otros sistemas de información, para lograr una vigilancia especial de los pacientes que se encuentren graves y críticos a causa del virus SARS-CoV2, así como de la demanda y disponibilidad de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica.

ARTÍCULO QUINTO. – Los gobiernos de las entidades federativas, deberán:

I. Mantener actualizado el Reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y cualquier otro que la Secretaría de Salud Federal considere necesario;

II. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la epidemia por Covid-19;

III. Establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaría de Salud Federal. Las dependencias de la Administración Pública Federal podrán coadyuvar con los gobiernos estatales para la consecución de este fin, y

IV. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la implementación adecuada y oportuna de estas medidas, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia Secretaría establezca.

ARTÍCULO SEXTO. – Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud en cada entidad, ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la población, tanto para la enfermedad Covid-19, como para cualquier otra necesidad de atención.”

TRANSITORIO

ÚNICO. – El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación…

Consideración: Es poco claro este último acuerdo puesto que habla de la llamada Jornada de Sana Distancia y la forma para su implementación. Jurídicamente la medida acordada el 30 de marzo continúa vigente hasta que expresamente el Ejecutivo determine el levantamiento de la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor; a mi juicio, sin embargo, no podemos dejar de observar las facultades delegadas del llamado Consejo de Salubridad General.

Y aunque así debería ser, y con el objeto de no dejar en estado de precariedad absoluta a los gobernados y si atendiéramos a la vigencia, en estrictísimo sentido hasta el día 30 de abril mencionado en el propio acuerdo, se manifiesta una temporalidad específica, ante la cual, por sí mismo es contradictorio y tendrá que ser motivo de estudio concienzudo de nuestro máximo tribunal.

Ahora bien, como facultad delegada podría darse como criterio a seguir el que la Secretaría de Salud será la encargada para velar por la salud de todos los mexicanos y en ese tenor es como se determinan acuerdos como el transcrito párrafo arriba.6

4. Código Civil de la Ciudad de México

A continuación comento diversos artículos del Código Civil de la Ciudad de México y por cuestiones de espacio sólo incluiré el número del artículo, una cita y mi comentario.

Artículo 54

… En caso de no contar con certificado de nacimiento, el declarante deberá presentar constancia de parto en los términos que establezca el Reglamento del Registro Civil.

Cuando por causas de fuerza mayor, de conformidad con lo que establezca el reglamento, no se cuenta con certificado de nacimiento o constancia de parto, deberá presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público donde se haga constar las circunstancias de los hechos.

Comentario: Ha pensado el legislador ante la ausencia de alguna autoridad que pueda dar fe del nacimiento de una persona, cuáles son las opciones posibles. Muchos ejemplos como éstos a lo largo de este catálogo de artículos podremos dar cuenta de los similares que pueden ser unos y otros y de la vulnerabilidad de nuestro sistema legal, piense el lector en alguna pandemia como la que ahora azota a nuestro país con sistemas de salud topados, con la imposibilidad física de acudir a un Ministerio Público, etc.

Artículo 75

Si al dar aviso de un nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderán dos actas, una de nacimiento y otra de defunción, en las formas del Registro Civil que correspondan. Si por causa de fuerza mayor no se presentara la madre del recién nacido, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 55 de este Código y los datos asentados en el certificado de nacimiento deberán asentarse en el acta de nacimiento, asimismo los datos del certificado de defunción en el acta de defunción, debiéndose correlacionar ambas actas.

Comentario: No habrá quién se imagine una situación de fuerza mayor duradera, sin embargo, la historia nos ha enseñado que sí las ha habido hasta por décadas. Las guerras son un gran ejemplo, entre beligerantes externos o internos y por lo tanto una confusión tal que los bandos se alternan en ocasiones las plataformas de gobierno imponiendo sus propios cuerpos legales. En estos artículos todavía se complica más el tema del registro del nacimiento hasta por terceras personas en caso de fallecimiento de la madre ¿Acaso el padre es de menor importancia? Así, tenemos un articulado obsoleto y quizás hasta sexista.

Artículo 812

El que posee por menos de un año, a título traslativo de dominio y con mala fe, siempre que no haya obtenido la posesión por un medio delictuoso, está obligado:

A restituir los frutos percibidos; y

A responder de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos por su culpa o por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que pruebe que estos se habían causado, aunque la cosa hubiera estado poseída por su dueño. No responde de la pérdida sobrevenida natural e inevitablemente por el transcurso del tiempo.

Tiene derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios.

Comentario: Imaginemos pues, las personas que, ante un desastre natural, tales como terremotos, huracanes, bombardeos, etcétera, tengan como única posibilidad para sobrevivir refugiarse en alguna propiedad y los gobiernos no expiden los decretos especiales para salvaguardar su propio bienestar, éstos se encontrarán ante la terrible posibilidad de que no obstante que no fueron causantes de su actuar, también puedan ser reclamados ante la vuelta de cierta normalidad por la pérdida o deterioro de la cosa, ¿acaso no podrá el legislador hacer corresponsable a las autoridades de su ausencia en su actuar y que pueda valerle al desgraciado la poca respuesta de los gobiernos que en suerte o no les tocara velar por ello?

Artículo 1045

El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario.

Comentario: Me parece equilibrado el artículo.

Artículo 1796

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, con excepción de aquellos contratos que se encuentren en el supuesto señalado por el párrafo siguiente.

Salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter racional que no fuesen posibles de preveer y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo.

Artículo 1796 BIS

En el supuesto del segundo párrafo del artículo anterior, se tiene derecho de pedir modificación del contrato. La solicitud debe hacerse dentro de los treinta días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe indicar los motivos sobre los que está fundada.

La solicitud de modificación no confiere, por si misma, al solicitarla el derecho de suspender el cumplimiento del contrato.

En caso de falta de acuerdo entre las partes dentro de un término de treinta días a partir de la recepción de la solicitud, el solicitante tiene derecho a dirigirse al juez para que dirima la controversia. Dicha acción deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes.

Si se determina la procedencia de la acción por ocurrir los acontecimientos a que se refiere el artículo anterior, la parte demandada podrá escoger entre:

La modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del contrato según lo determine el juez;

La resolución del contrato en términos del siguiente artículo.

Artículo 1796 TER

Los efectos de la modificación equitativa o la rescisión del contrato no aplicarán a las prestaciones realizadas antes de que surgiera el acontecimiento extraordinario e imprevisible sino que estas modificaciones aplicarán a las prestaciones por cubrir con posterioridad a éste. Por ello tampoco procederá la rescisión si el perjudicado estuviese en mora o hubiera obrado dolosamente.

Comentario: Por la relación entre sí y su importancia, me permito desglosarlos, en el mismo orden.

. Al vivir en un sistema legal enteramente normativo y ante la ausencia de criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia, los lectores entenderán que los contratos son vitales al regular el desarrollo de nuestra vida societaria. Se les ha llamado incluso contratos-ley y dentro de los elementos esenciales para su pervivencia es el respeto a la libre manifestación de la voluntad entre los contratantes.

Sin embargo, curiosamente el párrafo segundo del 1796 habla de acontecimiento extraordinario e imprevisible. ¿Acaso este acontecimiento no es una situación de la naturaleza que tenga relación estricta y directa con la fuerza mayor?

2º. No deja de llamar la atención cómo el legislador acota esta “situación extraordinaria e imprevisible” de manera excluyente a sólo “aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio, cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter racional”.

Esto quiere decir que los contratos principales no pueden ser sujetos a esos acontecimientos extraordinarios y que los aleatorios con las tres características arriba mencionadas si y solo si estos son racionalmente comprensibles ¡Cuánta irracionalidad!, valga la expresión pleonástica. Más, si continuamos en la execrable lectura de la norma comentada, pues invoca que una de las partes se encuentra más afectada que la otra y que le dota del derecho de buscar un equilibrio mejor al dado en esta circunstancia tan especial.

3º. En el 1796 Bis habla del procedimiento para buscar ese equilibrio, marca un plazo, 30 días, entendiendo a la luz de nuestra legislación que serán hábiles, pues no se determina si son naturales o no, pero se pone aún más interesante a partir de cuándo se puede contabilizar dicho plazo. Determina que “después de los acontecimientos extraordinarios”, y para el caso muy concreto de una pandemia como la del virus que nos aqueja en ésta época, ¿cuándo termina el acontecimiento extraordinario?, ¿será que un gobierno, cual sea, pueda determinar erradicado dicho virus y a partir de ese momento se puede buscar equilibrio en dicho plazo?

4º. En el TER nuevamente se habla de aquel equilibrio deseado en estos contratos muy determinados en el segundo párrafo del 1796 y menciona la posibilidad de la rescisión de los mismos, es decir, existe la posibilidad de la extinción de las obligaciones recíprocas por fuerza mayor o, mejor dicho, según este artículo, como acción o como excepción sin culpa para alguna de las partes, lo que suena lógico si la causa extraordinaria e imprevisible extinguió la fuente de los ingresos de alguna de las partes o se extinguió de plano la cosa, eso si, siempre y cuando antes de la situación emergente se haya cumplido cabalmente con el contrato, será con el principal también o solo con el aleatorio.

Artículo 1847

No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable.

Comentario: Entendiendo la lógica de lo comentado anteriormente, puedo observar que se busca cierto equilibrio entre las partes y atendiendo al conocido principio de que nadie está obligado a realizar lo imposible o al aforismo: a lo imposible, nadie está obligado, no deja de llamar la atención que en este precepto nos dan un nuevo nombre de fuerza insuperable que se deberá entender como fuerza mayor.

Artículo 1884

El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trata de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir, de las cosas que los produjeren.

Además, responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquier causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la entregó, hasta que la recobre. No responderá del caso fortuito cuando este hubiere podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó.

Artículo 1900

El gestor responde aún del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas, aunque el dueño del negocio tuviere costumbre de hacerlas; o si hubiere obrado más en interés propio que en interés del dueño del negocio.

Artículo 1929

El dueño de un animal pagará los daños y perjuicios causados por éste, si no probare alguna de estas circunstancias:

IV.- Que el hecho resulte de caso fortuito o fuerza mayor.

Comentario: Interpreto que, a menos que adquiera una enfermedad desconocida o que reaccione por instinto en alguna situación determinada y no tenga propietario responsable de su cuidado, un animal pueda determinarse como ejemplo de fuerza mayor.

Articulo 1932

Igualmente responderán los propietarios de los daños causados:

III.- Por la caída de sus árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor…

Comentario: Sirva esta fracción para recordar la responsabilidad patrimonial del Estado pues quien tiene el deber del cuidado de que los árboles causen daño, sin preverlo, es la autoridad correspondiente, el ejemplo puede ser que éstos ya sean vetustos o enfermos.

Artículo 1959

Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:

I.-Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que garantice la deuda;

II.-Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido;

III.- Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras igualmente seguras.

Comentario: Me parece que la fuerza mayor también debió haberse incluido en esta fracción, pues a pesar de provenir de una obligación consensual y al tratarse el artículo de un derecho más adjetivo que sustantivo, la misma puede suceder como consecuencia incluso de un acontecimiento imprevisible de la naturaleza.

Artículo 1966

Si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya o caso fortuito está obligado a recibir la que quede.

Comentario: Igual que la anterior, la fuerza mayor también debió haberse incluido en esta fracción, pues a pesar de provenir de una obligación consensual, la misma puede suceder como consecuencia, incluso de un acontecimiento de la naturaleza imprevisible.

Artículo 1968

Si las dos cosas se han perdido por caso fortuito, el deudor queda libre de la obligación.

Comentario: Siguiendo la lógica, la fuerza mayor también debió contemplarse, pues no obstante  que se trata de una segunda garantía para el cumplimiento de una obligación, los fenómenos de la naturaleza pueden repetirse innumerables ocasiones  y la garantía nunca podrá tener el objetivo previsto.

Artículo 2017

En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe la traslación de la propiedad de esa cosa, y se pierde o deteriora en poder del deudor, se observarán las reglas siguientes:

IV.- Si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido.

Comentario: Llama la atención la parte final de la fracción subrayada pues determinan que a pesar de que, por un acto no previsible, pero sí establecido en un contrato, se haya estipulado algo diferente y, por lo tanto, ello prevalezca sobre ese acto extraordinario.

Y si era un bien mueble ¿cómo podría sustituirse?, sería alguno diferente en caso de que hubiera solvencia; esto va en contra de los elementos naturales de la propia fuerza mayor, ya parece que en una guerra sería fácil esa sustitución.

Artículo 2111

Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se impone.

Artículo 2368

El donatario responde sólo del cumplimiento de las cargas que se imponen con la cosa donada, y no está obligado personalmente con sus bienes. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas abandonando la cosa donada, y si esta perece por caso fortuito, queda libre toda obligación.

Artículo 2423

Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario:

II.- Cuando se trata de mejoras útiles o urgentes por causa de fuerza mayor, o bien por circunstancia y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato.

Comentario: También me parece equitativo este precepto.

Artículo 2431

Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más de dos meses, podrá pedir la rescisión del contrato.

Comentario: Sirva este apartado para llamar la atención que en el caso de fuerza mayor –y sobre todo para los inmuebles cuyo objeto es el de uso mercantil y dadas las condiciones la obligación del pago sólo sea de dos meses y de no ser posible podrá dar causa de rescisión–, la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato no es hasta que la propia fuerza mayor cese, es decir, en el caso de la pandemia que asola nuestro país es de más de cinco meses y para todos quienes decidan alquilar un inmueble rescindido bajo este precepto y con objeto comercial acaso no caerían en el mismo supuesto.

Artículo 2435

El arrendatario es responsable del incendio y quedará obligado a cubrir los daños materiales y perjuicios que se causen, a no ser que provenga de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción.

Comentario: Al no haber inconsistencia me parece adecuado el propio artículo.

Artículo 2469

Aun cuando la pérdida o deterioro sobrevengan por caso fortuito, serán a cargo del arrendatario, si este usó la cosa de un modo no conforme con el contrato, y sin cuyo uso no habría sobrevenido el caso fortuito.

Comentario: Cabe la reflexión acerca de la diferenciación que se hace con la fuerza mayor pues si bien es cierto que en el caso fortuito media la intervención de un tercero que tendrá responsabilidad por no haber utilizado la cosa de acuerdo a lo establecido como objetivo del contrato en cuanto al destino previsto en él, no deja de ser cierto que por fuerza mayor ambos perderán el bien, con independencia del destino de su uso. Por tanto, si por mandamiento judicial de alguna autoridad local, cuya materia pueda ser sancionadora administrativamente o, incluso, se llegue el caso de alguna expropiación del objeto, fundada o no, podría pensarse que a pesar de ello y siguiendo el mismo razonamiento podrían imputarle dicha pérdida o deterioro al arrendatario.

Artículo 2483

El arrendamiento puede terminar:

VI.- Por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, por caso fortuito o fuerza mayor;

Comentario: Literalmente podemos entender la pérdida o destrucción total a que dadas las circunstancias desaparece o deja de existir la cosa y aunque sólo por morbo mencionaré al arrendamiento financiero, que su tratamiento no es precisamente de orden civil. ¿Acaso la imposibilidad física, económica, material para cumplir las obligaciones derivadas de un contrato como el que se menciona no dejarían en un estado inequitativo entre las partes y si lo que se busca en una situación extraordinaria es precisamente tratar de salvar en la mejor forma para las partes y que ambas busquen auxiliarse en lo posible para salir avante en una causa como la fuerza mayor?

Artículo 2504

El comodatario responde a la pérdida de las cosas si la emplea en uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito.

Comentario: Cabe la reflexión acerca de la diferenciación que se hace con la fuerza mayor, pues si bien es cierto que en el caso fortuito media la intervención de un tercero que tendrá responsabilidad por no haber utilizado la cosa de acuerdo a lo establecido en el contrato, en cuanto al destino previsto en él, no deja de ser cierto que por fuerza mayor ambos perderán la cosa con independencia del destino de su uso. Por lo tanto, si por mandamiento judicial de alguna autoridad local, cuya materia pueda ser sancionadora administrativamente o, incluso, se llegue el caso de alguna expropiación fundada o no del objeto, podría pensarse que a pesar de ello y siguiendo el mismo razonamiento podrían imputarle dicha pérdida o deterioro al comodatario.

Artículo 2505

Si la cosa perece por caso fortuito, de que el comodatario haya podido garantizar empleando la suya propia, o si no pudiendo conservar más que una de las dos ha preferido la suya, responde a la pérdida de la otra.

Comentario: Dos supuestos, diferentes en la forma, en el fondo lo mismo. Por ello, la pregunta necesaria, a pesar de las garantías o no, en caso de fuerza mayor, para las partes: ¿influye ante un posible caso sobrenatural y no esperado? Acaso en una situación de esa naturaleza, en donde tal vez hasta la garantía desaparezca, influye a tal grado de perder otro patrimonio que pueda tener el desafortunado en caso de fuerza mayor ¿Cuál es el sentido de la llamada fuerza mayor?, el equilibrio ante desafortunadas e imprevistas circunstancias en donde no hay alguien exento de sus efectos nocivos.

Artículo 2506

Si la cosa ha sido estimada al prestarla, su pérdida, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si no hay convenio expreso contrario.

Comentario: No se debe perder de vista el objeto de este contrato, a pesar de ser una concesión esencialmente gratuita de una cosa no fungible por tiempo determinado, ello no implica que ante la fuerza mayor el comodatario deba resarcir al comodante la cosa, en virtud de que la afectación, ante un fenómeno “natural”, pero sobre todo imprevisible, temporal o definitivamente pues ante la naturaleza del origen de la causa a que dio motivo a la pérdida no fue por culpa.

Artículo 2535

Los dueños de establecimientos en donde se reciben huéspedes son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados por las personas que allí se alojen, a menos que prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a los que los visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos.

La responsabilidad de que habla este artículo no excederá de la suma de doscientos cincuenta pesos cuando no se pueda imputar culpa al hostelero o a su personal.

Comentario: Habrase visto artículo tan anacrónico y poco actualizado en su segundo párrafo, en cuanto a la garantía. El lector estará de acuerdo en que es difícil de soportar la  vergüenza que nos provocan los legisladores que no hacen lo necesario para actualizarlo o al menos dejar la posibilidad de que el valor depositado o en secuestro valga contablemente más que la cantidad determinada en este precepto, sin recurrir a temas de responsabilidad civil o interpretación para el caso concreto por nuestro Máximo Tribunal.

Artículo 2647

Los porteadores responden del daño causado a las personas por defecto de los conductores y medios de transporte que empleen, y este defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito que no le puede ser imputado.

Comentario: Quien conduce o lleva algo bajo la instrucción, o por ella, del propietario del negocio, sin tocar el tema de su posible mercantilidad, ¿acaso no lleva el riesgo de perder lo mismo o más en un caso de fuerza mayor?, desde mi punto de vista no está mal la carga de la prueba, en lo general y pensando en temas de transportes “mayores”. Quizá los seguros de carga resuelven de alguna forma tal circunstancia, sin embargo, si el transporte de la cosa trata de algo no fungible y fenece, también será su responsabilidad en un tema imprevisible y que también al “empresario” le afecta en su propio negocio, tal es el caso del  transporte de un cadáver.

Artículo 2648

Responden igualmente (porteadores), de la pérdida y de las averías de las cosas que reciban, a no ser que prueben que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito, de fuerza mayor o de vicio de las mismas cosas.

Comentario: Sin entrar en los temas establecidos en los artículos 1913 al 1915, acaso no pareciera ocioso este artículo. Y cuando en la parte final se refiere al vicio de la cosa, creo que el legislador pudo pensar en que el espíritu de este precepto buscaba  mezclar la responsabilidad civil con un vicio intrínseco del propio objeto transportado.

Artículo 2650

Responden, igualmente, de los daños causados por retardo en el viaje, ya sea al comenzarlo, durante su curso, o por mutación de ruta, a menos que prueben que caso fortuito o fuerza mayor los obligó a ello.

Comentario: Me parece adecuado, sin embargo, los empresarios o incluso los porteadores siempre podrán alegarlo ante un desconocimiento de los usuarios, es decir, ante una situación de fuerza mayor tendrá que ser suficientemente sustentable por la autoridad correspondiente la existencia de aquella fuerza mayor.

Artículo 2664

El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje, o durante su curso, si sobreviene algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo.

Comentario: Me parece adecuado, sin embargo, los empresarios o incluso los porteadores siempre podrán alegarlo ante un desconocimiento de los usuarios, es decir, ante una situación de fuerza mayor tendrá que ser suficientemente sustentable por la autoridad correspondiente la existencia de aquella fuerza mayor.

Artículo 2757

Será nulo el convenio de que todas las pérdidas que resultaren por caso fortuito sean de cuenta del aparcero de ganados.

Comentario: Nuevamente nos encontramos en el supuesto de casi sinonimia ante el tema que nos ocupa y el caso fortuito, que es claro que pueda haber, quizás culpa por falta de cuidado o prevención, sin embargo, intenta buscar aquel equilibrio para ambos perdedores en caso de un tema que ni uno ni otro pudo prever.

Artículo 2910

Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio u otro caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y además el valor del seguro quedará afecto al pago.

Comentario: En los casos de que exista un contrato de seguro, éste responderá por lo que el mismo determine, pues teóricamente al realizar dicha contratación se prevendrá incluso la fuerza mayor y su pago o no será materia de otro examen, el que la hipoteca persista sobre lo que quede del bien materia de la misma. Es un caso sumamente interesante, pues las partes sufrieron pérdidas y no será del todo equitativo que sólo uno de ellos sea el que asuma el total. Está claro que ante un desastre que provenga de la naturaleza, un bien inmueble no será totalmente desarraigado de la faz terrestre, pero sí su valor será demeritado considerablemente.

5. Jurisprudencias sobre Fuerza Mayor

A la fecha existen al menos 27 tesis y jurisprudencias relacionadas a la Fuerza Mayor en materia civil. Por cuestión de espacio no las cito todas, pero considerando que conocer estos criterios de nuestro máximo tribunal dotará al interesado de instrumentos en relación a nuestro marco legal, vale la invitación a consultar la siguiente liga: http://www.tiempodederechos.mx/tesis-y-jurisprudencias-relacionadas-con-fuerza-mayor-en-materia-civil.


6. Conclusión

Como desde el principio se anunció, este apunte versó sobre el análisis general de la fuerza mayor y su normatividad en la materia civil; sobre esa situación imprevisible que no permite preparación alguna y ante cuyos efectos el Estado tiene como deber solventar de la mejor forma posible a todos los gobernados afectados, sin excusa o pretexto, pues de no hacerlo así, su responsabilidad y, de manera muy específica, del gobierno en turno, tendría que hacerse valer incluso por Tribunales Internacionales para garantizar la imparcialidad.


1 Gutiérrez y González Ernesto, “Derecho de las Obligaciones”. Séptima edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 2001, página 644.

2 Época: Quinta. Registro 334087. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLIX. Materia Administrativa. Página 1593.

3 Gutiérrez y González Ernesto, “Derecho de las Obligaciones”. Séptima edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 2001, página 646.

4 Época: Séptima. Registro: 245709. Instancia: Sala Auxiliar. Tesis Aislada.Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen:121-126. Séptima Parte. Materia: Laboral. Página: 81.

5 Novena Época. Registro 197162. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, enero de 1998. Materia Civil. Tesis II.10.C.158 C. Página: 1069.

6 El fundamento legal a continuación se transcribe: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 76, fracción XVI (1°, 2°, 3° y 4°); 89, fracción XX. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo

39, fracción VI, VII, XXI, XXVII. Ley General de Salud artículos 134, fracción II, XIV; 139, fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; 140, 141, 143, 147,148, 150. 152, 181, 183 y 184, fracción I, II, IV, V.