No faltan voces que anuncian que con la reciente iniciativa de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la Presidenta de la República pretende cerrar la pinza de la reforma judicial. Será una lástima si tal cosa ocurre sin un auténtico debate abierto a la experticia procesal, sin un Parlamento abierto como el que había anunciado el senador presidente de la Comisión de Justicia antes de ser parado en seco por un oficialismo que detenta amplias mayorías congresuales merced a la legalización de una artificiosa sobrerre- presentación.

Pero legalizar no es sinónimo de juridificar. Resulta perfectamente posible dotar de un ropaje legal, incluso de uno legolátrico, a algo que carece de lógica y operatividad jurídica, a algo que se desentiende de la búsqueda del bien común y aun de la de la Justicia en su sentido más elemental. Ocurrió ya con la independencia judiciaria, con la Justicia constitucional y con la separación equilibrada de los poderes. Cerrar la pinza autoritaria con armas procesa- les que se olviden del deber pro persona y pro dignitate que poseen las autoridades, muy en especial las judiciales, viene a confirmar obscuros recelos.

Se dice, con algo de verdad, que la reforma propuesta viene solamente a legalizar lo que subyacía a sendos cri- terios jurisprudenciales. ¿Y qué? Sorprende el argumento cuando se repara en que las estructuras judiciales fueron sustituidas de un tajo aduciendo precisamente la equivocación -e incluso la perversión- en sus prácticas y resolu- ciones. Muchas cosas se resolvieron erróneamente en el pasado. El legislador no está obligado a confirmar esas equivocaciones.

Tampoco está legitimado para desmontar lo resuelto en un sentido positivo. ¿A cuenta de qué se defiende la ini- ciativa de debilitar el interés colectivo hasta tornar imposible que se acuda al Amparo para defender derechos econó- micos, sociales, ambientales y culturales a menos que se haya sufrido un “agravio personal y directo”, ese principio individualista que resultó tan útil en pasados tiempos para aniquilar nuestro estado de bienestar?

¿En qué pensamiento “de izquierda” puede fundarse el confirmar la ralentización de la suspensión del acto re- clamado como instrumento garantista, con fundamento en la perversa meta de ejecutar irreparablemente el acto inconstitucional para tornar imposible su tutela? ¿U obligar a las personas a contratar carísimos servicios ya no legales sino legaloides con miras a librarse de la aplicación de una ley declarada inconstitucional en otros casos y en beneficio individual de otros agraviados? ¿O confirmar el abyecto aniquilamiento de la tutela judicial efectiva en materia fiscal?

¿Por qué desandar lo bien andado y legalizar lo equivocado? ¿Por qué esa tendencia a lo decadente, improduc- tivo, injusto e inequitativo? ¿Por qué esta falta de fuelle democrático? ¿Por qué, al menos, no se concede la opor- tunidad de replicar y discutir desde atalayas plurales? ¿Por qué se cierra el Parlamento? ¿Qué es lo que se pretende esconder? Los tiempos de derechos, ¿se permutan por tiempos de silenciamiento? Y, pregunta más importante aún:

¿lo vamos a permitir como foro supuestamente organizado y tutelar del Estado constitucional de Derecho u opta- remos por dejar en el desamparo a la sociedad mexicana?