Unión y Defensa

Conocemos el desenlace: no sólo Moctezuma sino Zuangua (y su sucesor como canzonci, Tangáxoan) sucumbie-ron a la invasión castellana y murieron en poder de Hernán Cortés y del terrible Beltrán Nuño de Guzmán.

La deplorable admonición nos ha enviado un mensaje claro desde hace cinco centurias: cada que hemos privile-giado la desunión, el egoísmo y la polarización hemos fracasado en la defensa de nuestra domus.

En efecto, no fue sino hasta que los mexicanos nos pusimos de acuerdo para terminar esa auténtica guerra civil que fue la guerra de Independencia que consumamos la emancipación en 1821.  
Trescientos años antes, el 13 de agosto, día de San Hipólito, cayó la gran México-Tenochtitlán tras el asedio de Cortés y sus huestes aliadas. Por ello es que el primer templo de la ciudad hispánica, que ahora se ve repleto de fieles de San Judas Tadeo los días 28 de cada mes, lleva el nombre del soldado romano, mártir del cristianismo.

Cada 13 de agosto, entre 1522 y 1820, se recordó la erección de la nueva ciudad sobre los restos de la gran metrópoli mexica, que al caer estaba a punto de cumplir sus primeros doscientos años.  El alférez real de la muy noble y leal ciudad paseaba el pendón de Hernán Cortés, y algún orador ad hoc (fray Servando Mier fue uno de ellos en la última década del siglo XVIII) recordaba los hechos e hitos no sólo de castellanos, andaluces y extremeños, sino de mexicas, tlaxcaltecas, tlatelolcas y tecpanecas.  

En el fondo, más que recordar triunfos o lamentar derrotas, lo que se conmemoraba cada 13 de agosto era el resurgimiento de la ciudad llamada a integrarnos a todas y a todos en torno al apasionante proyecto que se llamó, y se sigue llamando, “México”.

El 13 de agosto de 1847 la Ciudad no estaba para celebrar nada. Un nuevo invasor aprovechaba nuestra desunión y se anunciaba por entre las lomas de Padierna y las ciénagas de Churubusco. Carlos María de Bustamante lo intuyó con perfección al titular su crónica de aquellos aciagos días El nuevo Bernal Díaz del Castillo. 

Xicoténcatl, el apellido del coronel que, descendiendo del gran príncipe tlaxcalteca, se cubrió de gloria como el soldado Hipólito, sólo que en Chapultepec y al frente de un batallón de la nación mexicana, el de San Blas, debería hacernos reflexionar en torno a la importancia de permanecer unidos en las cuestiones fundamentales, robustecidos frente a las amenazas externas y decididos frente a las mafias internas. En efecto, un nuevo Bernal Díaz nos sub-rayaría ahora que son los ingratos polkos y los traidores que brindan en el Desierto, mucho más que las bravatas extranjeras y las discusiones interiores -muchas de ellas válidas pero que en cuestiones de Estado requieren unidad en la conciencia y en la buena fe- los que ponen en riesgo la integridad y la dignidad de la Patria.

Tendamos todas las manos que sea posible juntar para pactar, en las cuestiones de Estado, que hemos de estar unidos, alertas y propositivos. Lamentemos como propias y comunes las desgracias que enfrentan las profesoras jubiladas secuestradas y asesinadas, los pequeños utilizados y ejecutados como garantías prendarias de créditos ilegítimos, la  gente que carece de justicia independiente y eficaz, los niños que mueren de cáncer todos los años porque se les quitó la ayuda y nuestros migrantes descalificados y perseguidos como delincuentes: el pueblo que sufre dentro y fuera de la casa común.

326 años y un mes después de la caída de México-Tenochtitlán, el 13 de septiembre de 1847, cayó México-Chapultepec en manos de un ejército extranjero. No permitamos que vuelva a pasar.  No consintamos jamás que un mexicano vuelva a decirle a otro, indolente e insolidario, “que cada quien cargue con sus muertos”. 

¿Autoritarismo legalizado?

El paquete legislativo discutido en el más reciente período extraordinario del Congreso marca un punto de inflexión en la historia institucional de México. Según sus detractores, lejos de fortalecer el Estado constitucional, fundizado la centralización del poder, debilitado los contrapesos democráticos y allanado el camino hacia un modelo de vigilancia estatal sin precedentes.

Entre los cambios que más han alarmado se encuentra la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, conocida como “Ley Espía” en conjunto con otros ordenamientos. Esta norma introduce definiciones imprecisas que amplían sin control las atribuciones del Estado en materia de  inteligencia. Gracias a ella, las autoridades podrán tener acceso ilimitado a bases de datos y a geolocalización sin necesidad de autorización judicial. Organizaciones civiles, legisladores y expertos han advertido sobre la amenaza directa que esta medida representa ara los derechos fundamentales de la ciudadanía.

A esto se suma el establecimiento de una nueva CURP que incorpora datos biométricos y que será obligatoria para realizar prácticamente cualquier trámite. Esta herramienta de control, cuyas bases de datos podrían incluso compartirse con gobiernos extranjeros, surge justo cuando ha sido disuelto el INAI, el organismo encargado de proteger la privacidad de la información personal. Sin ese resguardo constitucional, la información de millones de personas queda expuesta.

Paralelamente, se han aprobado reformas en materia de desaparición forzada sin tomar en cuenta a los colectivos de búsqueda, los que han denunciado el intento del Estado por maquillar cifras mediante la declaración anticipada de muerte o ausencia de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. En lugar de reforzar la capacidad forense o garantizar la participación de las víctimas, se consolida un modelo de control y opacidad. De igual forma, se disolvió el CONEVAL, trasladando sus funciones al INEGI, lo que ha sido interpretado como un golpe a la evaluación independiente de las políticas sociales, especialmente aquellas dirigidas a medir la pobreza y la desigualdad.

En el plano judicial, el panorama no es más alentador. La reciente renovación de la Suprema Corte de Justicia ha estado rodeada de sospechas sobre su futura legitimidad e independencia. La elección de nuevos ministros ha sido duramente criticada, y el Tribunal Electoral, en lugar de actuar como árbitro imparcial, ha contribuido a validar un proceso señalado por irregularidades y presiones políticas. Se cierne sobre el país la amenaza de una reforma electoral que centralice aún más los controles sobre instituciones de antaña autonomía.

La procuración de Justicia arrastra también profundos cuestionamientos. La investigación sobre los presuntos sobornos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para adquirir el software espía Pegasus —cuya única consecuencia judicial ha sido una resolución sin condenados, la del caso Aristegui— confirma que se investiga sin capacidad institucional y se espía sin deslinde efectivo de responsabilidades.

Lo que hoy está en juego no es sólo la autonomía de las instituciones, sino la posibilidad misma de una vida democrática. En medio de ello, una buena noticia recorre el Continente: el nombramiento de la cubana Rosa María Payá, de larga tradición, incluso familiar, de combate a un terrible autoritarismo de base supuesta y entrecomilladamente legal. Que sea para el bien de toda nuestra América.

Entre semillas de paz y tempestades institucionales

En un país donde las tensiones políticas florecen tan rápido como los ideales se marchitan, la “Estrategia de Cultura de Paz: un semillero universitario” presentada por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, suena a esperanza en medio del estruendo. El esfuerzo, respaldado por diversas instancias como la Conferencia Episcopal Mexicana, apunta hacia un objetivo cada vez más esquivo: hacer de la paz una tarea común, sembrada desde la educación, nutrida por el diálogo y protegida por la convicción del encuentro.

Mientras se busca sembrar armonía en los campus universitarios, la política exterior mexicana vive su propia tormenta. La administración estadounidense ha elevado el tono con aranceles, redadas migratorias y acusaciones
insólitas. La negativa de la Suprema Corte de Estados Unidos a conceder lo que México demanda a las empresas armeras —que, según el gobierno mexicano, alimentan la violencia en el país— ha sido interpretada como un revés total. Al mismo tiempo, redadas masivas en ciudades como Los Ángeles no sólo han generado protestas, sino toques de queda. Se acusa incluso a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de promover movilizaciones, cuando lo único que ha hecho públicamente es oponerse a un impuesto proyectado sobre las remesas de migrantes.

La tensión es palpable. Desde el uso de la Guardia Nacional hasta la llegada de infantes de Marina a California, las decisiones del gobierno federal estadounidense se perciben menos como medidas de seguridad y más como provocaciones políticas. La relación bilateral, siempre compleja, atraviesa un nuevo ciclo de desconfianza que podría, como advierten diversas calificadoras financieras, arrastrar a México a una recesión económica en este 2025.

Pero si las amenazas vienen del norte, las fracturas internas no son menores. Las elecciones judiciales del 1º de junio fueron, para hablar claro, un naufragio democrático. La participación fue mínima —menos del 13%— y el uso de “acordeones” con candidaturas oficiales, denunciado por periodistas y documentado por organizaciones, convirtió el proceso en una simulación. Prácticamente todos los perfiles que aparecían en las listas de inducciones oficiales terminaron electos. La Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior Electoral tendrán amplia mayoría de nombres vinculados al oficialismo.

Ante semejante panorama, la independencia del Poder Judicial se tambalea. Diversas instancias, incluidas observadoras internacionales como la OEA, han levantado la voz sobre la fragilidad del modelo y su incompatibilidad con una judicatura autónoma. Las denuncias de nulidad se multiplican, pero la maquinaria institucional sigue su marcha, sin mirar hacia los lados.

La ironía es amarga: en un país donde se intenta sembrar paz, se cosechan jueces elegidos bajo sospecha, acusaciones diplomáticas cruzadas y amenazas que penden sobre los más vulnerables. En esta coyuntura, la justicia parece atrapada entre la manipulación política y la desconfianza ciudadana.

El caso del aborto en Guanajuato también ilustra el enredo. El Congreso local rechazó una iniciativa para despenalizarlo, desafiando lo que muchos interpretan erróneamente como un mandato implícito de la Suprema Corte. La votación fue cerrada —19 contra 17— y, aunque la decisión representa una victoria para sectores que defienden la dignidad de la vida intrauterina, la reacción ha sido intensa: se habla incluso de activar una alerta de violencia de género contra el Congreso guanajuatense.

Así, mientras crecen las semillas de paz y dignidad, lo que brota en el campo político es incertidumbre, judicialización de la agenda pública y una creciente erosión de los consensos institucionales. Tal vez, como decía aquel
viejo proverbio, haya que arar en tierra fértil antes de sembrar. Y esa tierra, hoy por hoy, se halla erosionada por la desconfianza y el ruido.

El legado de Mariano Azuela: Una brújula ética en tiempos de niebla judicial

César Alejandro Ruiz Jiménez
Director Ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos y
Presidente de la México Law and Liberty Society, A. C.

Siempre me fascinó ver las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los ministros no se limitaban a leer, sino que uno exponía su punto y los demás reaccionaban. Lejos de la lectura mecánica de escritos preparados que ni siquiera responden a sus interlocutores, lejos de clases elementales de derecho procesal o de confusiones sobre lo que se estaba votando —y más lejos aún de tomar llamadas en plena sesión—, aquellas eran verdaderas batallas de Derecho, lógica y agudeza, muchas veces aderezadas con fino humor.

Recuerdo con admiración las intervenciones de Don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos, Genaro Góngora Pimentel, Juan Díaz Romero y José Vicente Aguinaco Alemán. Entre ellos destacaba Don Mariano Azuela Güitrón, un ministro de prosa pulcra, educación exquisita y genuina austeridad republicana. Grandes juristas se formaron bajo su dirección exigente y rigurosa. Don Mariano pedía siempre la mejor versión de quienes colaboraban con él: honestidad intelectual, compromiso con la Justicia y un profundo rechazo por la banalidad.

Fue sin duda un ministro de convicciones conservadoras, pero no hay un sólo criterio emanado de su pluma que no tenga asidero en la doctrina jurídica. Nunca titubeó al expresar su posición, ni palideció ante la estridencia de ideologías o el empuje de populismos. Su claridad intelectual, nutrida por el Derecho natural y una sólida formación humanista, le permitió resolver con sabiduría allí donde otros se extraviaban en tecnicismos o se paralizaban por temor al escarnio público.

Basta recordar el espinoso tema del aborto. Hace 18 años, la ideología progre había alcanzado su cúspide y llevado la discusión a la Suprema Corte. En ese entonces no se habían visualizado los excesos en los que caerían, como pedir el aborto hasta el momento del parto o peor aún, desconocer al concebido como ser humano. La mayoría de los ministros cedió ante el empuje de lo que consideraban una posición mayoritaria. Pero no Don Mariano. Junto con el ponente, Don Sergio Aguirre, y Don Guillermo Ortiz, entonces Presidente del Máximo Tribunal, expresaron argumentos que hoy sirven de fundamento para reivindicar la valía del ser humano antes de su nacimiento. Desde afirmar contundentemente que el concebido no es parte del cuerpo de la mujer hasta recordar que la humanidad es intrínseca desde la concepción. Acertadamente concluyeron que acabar con la vida de otro ser humano no es un derecho. Hoy, existe un movimiento global para reivindicar el valor de los concebidos.

Hoy más voces comienzan a reconocer y señalar los excesos de una ideología que carece de fundamentos jurídicos. Hoy podemos construir sobre el pensamiento jurídico que Don Mariano nunca dudó en expresar. Siempre fue muy enfático en que no podemos ceder ni un ápice a posturas contrarias a la dignidad humana. Su ejemplo nos recuerda que el juez no trabaja para complacer al Ejecutivo, ni al Legislativo, o a las ideologías, sino para contenerlos; que su deber no es el aplauso fácil, sino el fallo justo, aunque sea impopular; que la Justicia no se improvisa ni se negocia, se razona y se sustenta; que se resuelve con la ley en una mano y la ética en la otra; que ser ministro no es un privilegio, sino una responsabilidad con la República, a la que se le debe todo y a la que se le entrega todo; que el Estado de Derecho no se puede cambiar por embajadas, prolongaciones de mandato, retiros cómodos o cualquier otra prebenda efímera frente al juicio de la historia.

Su vida nos recuerda que la congruencia e integridad son el mejor escudo ante las tentaciones de los lujos y frivolidades que esclavizan a las almas débiles y avaras. Su fuerza estaba en su ejemplar matrimonio, en el cariño de sus hijas, en el crecimiento de sus nietos, en su hogar al sur de la ciudad, en las charlas acompañadas de café en los Bísquets Obregón, verdaderos lujos para el corazón. Su partida deja un vacío profundo en la Judicatura mexicana, huérfana de referentes intelectuales y ejemplos de vida. Ahora que el país enfrenta una embestida contra los pilares de la función judicial, ahora que el juzgador ha sido condenado a bailes, folletos y caravanas ante el poder, ahora que se pretende cooptar la Justicia, recordar a Mariano Azuela no es un acto de nostalgia, es un acto de resistencia y de esperanza. Su legado es brújula moral para quienes creemos que el Derecho, basado en la dignidad humana, es inmutable y fuente de verdades innegociables. Urge recordar a quienes no se intimidaron ante el poder ni se rindieron ante la ambición. Sólo así podremos salir de esta niebla que nos atrapa. Solo así saldremos de la tempestad cegadora.

Urge recordar que hubo jueces como Mariano Azuela Güitrón. Descanse en paz.