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¿Autoritarismo legalizado? |
El paquete legislativo discutido en el más reciente período extraordinario del Congreso marca un punto de inflexión en la historia institucional de México. Según sus detractores, lejos de fortalecer el Estado constitucional, fundizado la centralización del poder, debilitado los contrapesos democráticos y allanado el camino hacia un modelo de vigilancia estatal sin precedentes.
Entre los cambios que más han alarmado se encuentra la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, conocida como “Ley Espía” en conjunto con otros ordenamientos. Esta norma introduce definiciones imprecisas que amplían sin control las atribuciones del Estado en materia de inteligencia. Gracias a ella, las autoridades podrán tener acceso ilimitado a bases de datos y a geolocalización sin necesidad de autorización judicial. Organizaciones civiles, legisladores y expertos han advertido sobre la amenaza directa que esta medida representa ara los derechos fundamentales de la ciudadanía.
A esto se suma el establecimiento de una nueva CURP que incorpora datos biométricos y que será obligatoria para realizar prácticamente cualquier trámite. Esta herramienta de control, cuyas bases de datos podrían incluso compartirse con gobiernos extranjeros, surge justo cuando ha sido disuelto el INAI, el organismo encargado de proteger la privacidad de la información personal. Sin ese resguardo constitucional, la información de millones de personas queda expuesta.
Paralelamente, se han aprobado reformas en materia de desaparición forzada sin tomar en cuenta a los colectivos de búsqueda, los que han denunciado el intento del Estado por maquillar cifras mediante la declaración anticipada de muerte o ausencia de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. En lugar de reforzar la capacidad forense o garantizar la participación de las víctimas, se consolida un modelo de control y opacidad. De igual forma, se disolvió el CONEVAL, trasladando sus funciones al INEGI, lo que ha sido interpretado como un golpe a la evaluación independiente de las políticas sociales, especialmente aquellas dirigidas a medir la pobreza y la desigualdad.
En el plano judicial, el panorama no es más alentador. La reciente renovación de la Suprema Corte de Justicia ha estado rodeada de sospechas sobre su futura legitimidad e independencia. La elección de nuevos ministros ha sido duramente criticada, y el Tribunal Electoral, en lugar de actuar como árbitro imparcial, ha contribuido a validar un proceso señalado por irregularidades y presiones políticas. Se cierne sobre el país la amenaza de una reforma electoral que centralice aún más los controles sobre instituciones de antaña autonomía.
La procuración de Justicia arrastra también profundos cuestionamientos. La investigación sobre los presuntos sobornos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para adquirir el software espía Pegasus —cuya única consecuencia judicial ha sido una resolución sin condenados, la del caso Aristegui— confirma que se investiga sin capacidad institucional y se espía sin deslinde efectivo de responsabilidades.
Lo que hoy está en juego no es sólo la autonomía de las instituciones, sino la posibilidad misma de una vida democrática. En medio de ello, una buena noticia recorre el Continente: el nombramiento de la cubana Rosa María Payá, de larga tradición, incluso familiar, de combate a un terrible autoritarismo de base supuesta y entrecomilladamente legal. Que sea para el bien de toda nuestra América.