¿Emergencia o contingencia?

Daniel González-Dávila

presidencia@bufetenacional.org

Abogado por la UNAM. Exdelegado presidencial ante la SCJN y jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de la misma. Desde 2007, es socio presidente de Bufete Jurídico Nacional. Escritor y Barítono.

 

El gobierno federal mexicano se había dado un balazo en el pie. Había insistido con vehemencia desde el inicio de la pandemia del Covid-19 que todo estaba bajo control y que era impensable, por resultar una ideación catastrofista, un escenario en el que hubiera más de 60 mil muertos en el país por la pandemia.

Pero la negligencia en el manejo de las cosas, la insuficiencia del sistema de salud, la ignominiosa falta de pruebas a las personas con síntomas y la casi total ausencia de políticas contundentes en materia de concientización social, habían provocado que la cifra oficial de fallecimientos llegare a más de 100 mil en todo el país.

El índice de mortalidad de la enfermedad en México era el más alto de todos los países del mundo. Mientras el promedio de muertes de contagiados en el planeta era de un 6%, en el país era de un desastroso 14%. Era evidente que el sistema de salud era el más incompetente del mundo. Y para rematar, 12 de cada 100 fallecidos eran integrantes del sistema de salud. México se estaba quedando sin médicos y sin enfermeras. El combate a la pandemia había pasado de neumólogos y urgenciólogos a estudiantes de la carrera de medicina.

Ante este panorama desolador, el Consejo de Salubridad General, que se encontraba en sesión permanente desde meses atrás, instó al Presidente de la República a tomar medidas contundentes y definitivas ante el avance incontenible de la pandemia. Por primera vez, le pidió de manera formal que admitiera públicamente el fracaso gubernamental en el manejo de la situación y que ejerciera las facultades que le otorga el artículo 29 constitucional, a fin de suspender en todo el país los derechos de reunión y libre tránsito consagrados en los artículos 9 y 11 de la Carta Magna, por al menos tres meses, a fin de contener el avance de la pandemia.

–¡Imposible! –le repuso el Presidente al secretario de Salud–. ¡Jamás admitiré un fracaso de mi gobierno ante la opinión pública! ¡En todo caso el fracaso es tuyo y de tu subsecretario!

–Señor, hemos seguido sus indicaciones al pie de la letra. Incluso varias veces hemos desatendido recomendaciones del Consejo de Salubridad General, pero en este caso creo que tienen razón. Es momento de suspender garantías y obligar al país a hacer una cuarentena general. Ya no hacerlo como mera sugerencia.

–Déjame consultarlo con el consejero jurídico, pero eso sí te digo: yo no voy a asumir el costo político de esta decisión.

–¿Quiere mi renuncia?

–No. Nada de eso. Primero vamos a ver si suspendemos o no las garantías.

–Señor, si no hacemos lo que el Consejo nos pide, sus miembros empezarán a dar declaraciones sobre lo que consideran, cito: “negligencia criminal”. Desde luego no me preocupan los que son miembros del gabinete, pero sí el rector de la UNAM y los Presidentes de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.

–El rector de la UNAM no querrá arriesgar su presupuesto del año próximo. Y por cuanto hace a los Presidentes de las Academias, los haríamos pedazos con el SAT. No hay médico particular en este país que no lleve una doble contabilidad. ¿Tú crees que le dan factura a todos sus pacientes? Son una mafia burguesa que evade impuestos sistemáticamente.

–Señor, con todo respeto, eso no evitaría el daño a esta administración. Hasta ahora han sido prudentes y no han emitido declaraciones, pero los ánimos se están calentando mucho. Hay una fuerte indignación en esos miembros del Consejo por el desbordamiento de la pandemia y por la falta de insumos y atención médica de calidad. Y es que no podemos hacer mucho con el presupuesto que tenemos.

–Es lo que hay. Se necesitan más programas sociales.

–Señor, el sistema de salud está colapsado. No sólo faltan insumos básicos y medicamentos. Hay una enorme carencia de personal y de infraestructura, además de que los salarios son miserables. Y la pandemia ya nos hizo tocar fondo. Las cifras están desbordadas. Estamos por llegar a los 100 mil muertos y no hay otra manera de parar esta bola de nieve.

–¿Y crees que no lo sé?

El Presidente meditó por unos momentos.

–Consultaré lo de la suspensión de garantías y luego convocaré a una reunión con el Consejo. Eso es todo.

El secretario salió sudando de la oficina del Presidente. Había logrado conservar su cargo, o al menos eso parecía.

El Presidente tomó el teléfono rojo y llamó al consejero jurídico.

–A sus órdenes, Presidente.

–Mauricio, el Consejo de Salubridad General me está pidiendo que suspendamos las garantías de reunión y de tránsito por tres meses en todo el país para contener la pandemia. Dicen que es la única manera. ¿Qué opinas?

–¡Santo Dios! –exclamó el consejero–. ¡Eso es algo extremo! No se hace desde la Segunda Guerra Mundial. Desde luego que se puede hacer, pero las consecuencias políticas y económicas serían desastrosas.

–Mira, la verdad es que tenemos que bajar la curva a como dé lugar. Estamos haciendo el ridículo a nivel mundial. En eso concuerdo con el Consejo. Pero a él le vamos a pasar la factura política.

–Muy bien. Ponemos entonces manos a la obra.

–¿Cuál es el procedimiento?

–Se debe someter un decreto presidencial a la aprobación del Congreso. A partir de ahí el Ejecutivo emite disposiciones generales para hacer frente a la situación. Todo esto lo revisa la Suprema Corte de Justicia de manera sumaria.

–Bien. Prepara el decreto que se enviará al Congreso para que nos reunamos con el Consejo de Salubridad General.

–Desde luego, Presidente. Deme un par de días.

–Avísame para que convoque al Consejo.

–Sí, señor.

El consejero y sus colaboradores se dieron a la tarea de redactar un proyecto de decreto de suspensión de Derechos Humanos y sus garantías, a fin de ser presentado ante el Congreso de la Unión para su aprobación.

Luego de una vasta exposición de considerandos que redactó con la ayuda del secretario de Salud, el proyecto de decreto presidencial quedó como sigue:

“POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE DECRETA:

“PRIMERO: El estado de contingencia sanitaria en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, debido a la pandemia provocada por el virus SARS Cov-2;

“SEGUNDO: La suspensión del derecho de reunión, previsto en el artículo 9º constitucional, de cinco o más personas que no habiten el mismo domicilio, así como de las garantías para su ejercicio. No se considerará reunión al conjunto de personas que laboren en un mismo lugar para la satisfacción de las necesidades básicas de la población, pero guardarán en todo momento las medidas de higiene que las autoridades sanitarias determinen;

“TERCERO: La suspensión del derecho de tránsito, previsto en el artículo 11 constitucional, así como de las garantías para su ejercicio, en los términos siguientes:

“a) Se impone toque de queda en todo el territorio nacional entre las diecinueve y las siete horas del día siguiente. Sólo se podrá transitar en este horario cuando se trate de emergencias médicas, traslado de cadáveres, o en los casos previstos en el inciso f);

“b) Fuera del horario previsto en el inciso anterior, sólo podrán transitar con libertad las personas que trabajen en las labores esenciales que al efecto señale el Ejecutivo Federal mediante disposiciones de carácter general, así como los traslados por motivos de atención médica o de servicios funerarios;

“c) El resto de la población tendrá prohibido transitar por el territorio nacional, con excepción de un día a la semana para proveerse de los insumos básicos que entre los tres niveles de gobierno se pongan a su alcance conforme a las disposiciones de carácter general que al efecto se expidan, según el sorteo que el Instituto Nacional Electoral realice de la letra inicial de su primer apellido. Se garantizará a las personas de la tercera edad y a los discapacitados que no puedan salir de su domicilio el acceso a la dotación semanal de estos insumos. Están exentos de esta prohibición todos los trabajadores de la salud y sus auxiliares, públicos o privados, a quienes no se les impedirá transitar con libertad, así como el personal de los poderes legislativos y judiciales de los gobiernos federal y locales;

“d) Los gobiernos federal, locales y municipales establecerán, mediante acuerdos generales, el personal administrativo y de seguridad pública que permanecerá laborando en las dependencias esenciales de la administración pública centralizada y paraestatal, así como de las empresas productivas del Estado, y para ello otorgará a sus trabajadores los salvoconductos correspondientes;

“e) Las autoridades locales y municipales habilitarán albergues temporales para dar asilo a las personas que viven en situación de calle. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar la higiene que las autoridades sanitarias determinen, y

“f) A partir de la entrada en vigor de este decreto, quedarán cerradas las fronteras nacionales con los Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. Todo extranjero que entre al país será deportado por el Instituto Nacional de Migración. Se dará un plazo de ocho días hábiles para que los mexicanos que residen en el extranjero regresen al país si así lo desean. Cumplido dicho plazo, todos los aeropuertos serán cerrados. El mismo plazo se concederá a las personas que se encuentran fuera de su domicilio para que regresen al mismo.

“CUARTO: La Guardia Nacional, en coordinación con las fuerzas de seguridad pública de los Estados y lo municipios, supervisarán y darán cabal cumplimiento al presente decreto e impondrán arresto administrativo de hasta 36 horas a quien incurra en desobediencia. En todo momento se tendrá pleno respeto por la integridad física y moral de las personas detenidas y todo abuso a sus Derechos Humanos será sancionado con la máxima severidad.

“TRANSITORIOS:

“PRIMERO: Este decreto entrará en vigor a los cinco días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“SEGUNDO: La vigencia de este decreto será de noventa días contados a partir de su entrada en vigor, pero podrá ser renovado o extendido a solicitud del Ejecutivo Federal, previa aprobación del Congreso de la Unión.”

El decreto presidencial estaba listo. Una vez que el titular del Ejecutivo lo tuvo en sus manos, convocó a una reunión plenaria del Consejo de Salubridad General para discutirlo.

–Muy bien señores. Cada uno tiene una copia del decreto de suspensión de garantías, como me lo pidieron a través del secretario de Salud. Quisiera escuchar sus comentarios.

–Señor Presidente –dijo el secretario de Hacienda–, sólo para manifestarle que el Consejo no solicitó la suspensión de garantías por unanimidad. Yo voté en contra. A mí me parece que paralizar al país por tres meses producirá una debacle económica brutal. Encerrarnos tres meses no tiene ningún sentido. Al terminar los tres meses volveremos a salir y el virus estará ahí, esperándonos de nuevo. Los contagios serán nuevamente inevitables, pero con una economía destruida.

–El bienestar de la gente tiene la preferencia –interrumpió la secretaria de Desarrollo Social–. La economía nacional siempre se podrá revitalizar. Pero ahora es imperativo detener los contagios y confiamos en que al finalizar la suspensión de derechos podamos retomar el combate a la pandemia con una nueva estrategia.

–Me importa más el bienestar de la gente que la economía –dijo el Presidente–. Estoy de acuerdo con la señora secretaria.

–Señor Presidente –intervino el Presidente de la Academia Nacional de Medicina–, si me permite abundar en el tema, el objetivo inmediato de suspender garantías es evitar más contagios, pero a mediano plazo es abordar la pandemia con una nueva estrategia de atención integral de los enfermos y de prevención de contagios. Pero para eso se necesita que este decreto venga acompañado de la voluntad política de incrementar los recursos para el sector salud, que está en franca bancarrota.

–No quiero parecer obtuso ni ciego ante la realidad. Ya el secretario de Salud me lo ha dicho también. Veremos con el secretario de Hacienda la manera de incrementar el presupuesto de Salud y la colaboración con los Estados del país. Pero vuelvo a mi inquietud inicial. ¿Hay algún comentario sobre el decreto presidencial?

Hubo un largo rato de silencio, mientras todos lo revisaban.

–¿Y bien?

–Yo tengo una observación –dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

–¡Por favor! –continuó el Presidente.

–En el artículo primero se está haciendo una “declaratoria de contingencia sanitaria”. La Ley Federal del Trabajo prevé esta figura. Cuando se emite esta declaratoria, los patrones pueden despedir a los trabajadores tras indemnizarlos con un mes de salario mínimo, y se supone que esta administración está protegiendo la estabilidad laboral durante la pandemia, ¿no es así?

–¡Pero por supuesto! –exclamó el Presidente– ¡Qué locura es esta Mauricio!

–Pues es lo que más se ajusta a la ley, Presidente –contestó el consejero jurídico–. Pero aclaro, con la contingencia sanitaria no se despide a los trabajadores. Únicamente se suspenden las relaciones laborales. Los despidos se están dando ahora mismo, lo que es definitivamente un peor panorama.

–¡Por ningún motivo! ¡Busca otro término! No vamos a dejar sin salario a medio México.

–Sin problema. Con “emergencia sanitaria” ya no incurrimos en la hipótesis normativa.

–Bien. ¿Algún otro comentario?

–¿Qué hay de todas las disposiciones generales a las que se refiere el decreto? –preguntó el secretario de Salud.

–Se emitirán por el Presidente en cuanto éste se publique –aclaró el consejero–. Desde luego que antes las someteré también a la consideración de este Consejo. Tenemos que abundar sobre qué actividades siguen su marcha, reglamentar las actividades de seguridad pública y varias cosas más.

–Haz la corrección y envíamelo para firma –le dijo el Presidente al consejero–. Vamos a parar este país por tres meses. Que Dios nos ampare. Daré un mensaje a la nación en cuanto se presente ante el Congreso. Gracias a todos y buen día.

El decreto de suspensión de Derechos Humanos y sus garantías se presentó ante la Cámara de Senadores al día siguiente para su aprobación. Como el Congreso estaba reunido, el procedimiento legislativo fue el habitual. Por amplia mayoría, el Senado lo aprobó y se turnó a la Cámara de Diputados que, en iguales términos, aprobó el decreto, con la diferencia de que aquí sí hubo un diputado de oposición que subió al estrado para hacer notar que, en efecto, había una gran diferencia entre “declaratoria de emergencia sanitaria” y “declaratoria de contingencia sanitaria”.

–…el gobierno federal –dijo el diputado como parte de su discurso– no sólo está sangrando a las empresas en esta época de crisis en lugar de apoyarlas para generar empleos. Con esta forma de obligarlas a mantener indefinidamente los salarios de trabajadores que no trabajan, que no producen, literalmente las está conduciendo a la desaparición, a la quiebra y hasta el límite del endeudamiento impagable. Yo los conmino a que se modifique la declaratoria de emergencia por “declaratoria de contingencia”, a fin de que estemos en el supuesto del artículo 429, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo y se dé un respiro a la economía de los patrones, que son los que activarán de nuevo la economía de México al salir de la pandemia. Y si no logro persuadirlos, invito a mis compañeras y compañeros diputados de oposición a que juntos presentemos en su momento una acción de inconstitucionalidad.

–Señor diputado –le dijo el Presidente de la Cámara–, le recuerdo que esta soberanía se encuentra limitada a aprobar o desaprobar el decreto sometido a nuestra consideración, pues el artículo 29 constitucional no nos permite hacerle modificaciones.

–¡No estoy de acuerdo, Presidente!

El diputado regresó a su lugar en medio de una rechifla.

Al llegar a su curul, su compañero de bancada le dijo:

–Oye, Santiago, no es mala tu idea de acudir a la Corte, pero la acción de inconstitucionalidad no es procedente.

–¿Por qué no?

–Por tres razones. Primero, porque jamás juntarás las 165 firmas que se necesitan.

–No me subestimes.

–Segundo, porque la acción de inconstitucionalidad es para impugnar leyes, no para impugnar decretos, aunque salgan del Poder Legislativo.

–¡Dios! ¡Es cierto!

–Y lo más importante: la suspensión de Derechos Humanos es una facultad exclusiva del Presidente. Conforme al 29, la Corte debe revisar las disposiciones generales que se emitan con base en el decreto, pero no el decreto mismo. Hay que esperar a que se emitan las disposiciones secundarias.

–¡De ninguna manera! Ninguna autoridad constituida está exenta de control constitucional, por exclusivas que sean sus facultades. Tiene que haber una manera. ¡Piensa!

–Veamos: el artículo 29 constitucional dice que en los decretos de suspensión de Derechos Humanos que expida el Ejecutivo deben imperar, entre otros principios, el de legalidad. ¿Quién supervisa que esto se cumpla si el Ejecutivo y el Congreso se equivocan? Si la acción de inconstitucionalidad no es procedente, tiene que serlo la revisión que el mismo artículo prevé para las normas derivadas del decreto de suspensión. Es cuestión de que así lo interprete la Corte.

–Ve más despacio.

–¡Claro! Si bien la aprobación del decreto presidencial por parte del Congreso es una forma de controlar al Ejecutivo, a su vez la Suprema Corte debe controlar a ambos poderes como tribunal constitucional. Recuerda que ella puede interpretar la Constitución como le plazca. Si se lo proponemos y así lo interpreta, perfectamente puede extender sus facultades de revisión de la normativa derivada del decreto de suspensión de Derechos Humanos a la revisión del decreto mismo.

–Pero si el Congreso ya controla al Ejecutivo, ¿procederá un control sobre otro control?

–¡Nada perdemos con intentar, máxime si se trata de un asunto de la mayor importancia nacional!

–¡Pues tratemos! Hagamos una denuncia de inconstitucionalidad y veamos qué pasa.

–¿Denuncia de inconstitucionalidad? ¿Qué dice exactamente el 29?

–Que la Corte revisará de manera oficiosa…

–Pues hagamos una petición de revisión oficiosa, ¡y veamos qué pasa!

Fue así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el expediente “Varios 88/2020”, tan pronto fue publicado el decreto de suspensión. Fue considerado por el Presidente de la Suprema Corte como de obvia y urgente resolución.

En un tiempo récord de dos semanas, el proyecto de resolución, a cargo de la Ministra Duarte Llano, fue puesto a la consideración del pleno.

–Bien –dijo el Presidente de la Corte–, hemos analizado ya los temas de la procedencia de la revisión oficiosa del decreto presidencial de suspensión de Derechos Humanos, así como los principios de racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación a los que debe sujetarse el mismo conforme al artículo 29 constitucional. Nos resta analizar el último tema que es el principio de legalidad. La señora Ministra ponente no encuentra tampoco ningún problema en su proyecto de resolución, salvo el suscitado por lo que nos hacen notar los diputados que suscribieron la petición de la referida revisión que motivó la apertura de este expediente. ¿No es así, señora Ministra?

–Efectivamente, señor Presidente. He hecho mía la reclamación que hacen los diputados en su escrito y la suscribo en todos sus términos. Existe una gran diferencia entre el término “emergencia sanitaria”, que tiene como consecuencia jurídica, según la Ley General de Salud, la instalación del Consejo de Salubridad General, mientras que el término “contingencia sanitaria”, trae como consecuencia jurídica, según la Ley Federal del Trabajo, la suspensión temporal de las relaciones laborales hasta que la situación se normalice, en términos del artículo 429, fracción IV, de la referida Ley. En mi opinión, el decreto declara una situación de emergencia que ya había sido invocada con anterioridad al convocarse a funciones al Consejo de Salubridad General, cuando lo procedente era hacer una declaratoria de contingencia sanitaria a fin de suspender las relaciones laborales de manera temporal. Por este motivo, y a fin de preservar lo más posible la integridad del decreto que se analiza por tratarse de un asunto de la más alta prioridad nacional, mi propuesta es que se haga una interpretación conforme sobre este asunto y se decrete en la sentencia de este caso que por “emergencia sanitaria” debe entenderse “contingencia sanitaria”. Es cuanto, Presidente.

–Muchas gracias, señora Ministra. ¿Alguno de los señores ministros desea manifestar su opinión? ¿Señor ministro Jiménez Vásquez?

–Con su venia, señor Presidente. Yo me manifiesto en contra de esta porción del proyecto por dos razones. En primer lugar, porque la interpretación conforme es una figura que este máximo tribunal usa para evitar en lo más posible la anulación de leyes bajo la óptica de la presunción de constitucionalidad de la mismas y de tratar de ser lo menos invasivo a la soberanía popular de los órganos legislativos. Pero en este caso no se trata de una ley, sino de un decreto presidencial. En segundo lugar, el principio pro persona, que nos obliga a interpretar cualquier norma general con el mayor beneficio a las personas, en este caso al sector más vulnerable que son los trabajadores, nos obliga a no imponerles una carga que el decreto que estamos estudiando no les impone, pues el intercambio del término “emergencia” por el de “contingencia” es tan trascendente que dejaría a la deriva a quizá millones de trabajadores que acabarían con su fuente de empleo suspendida indefinidamente, tras una escueta indemnización de un máximo de un mes de salario mínimo. Esta Suprema Corte no puede darse el lujo de desconocer los derechos sociales de los trabajadores, sobre todo el derecho a su salario, y menos aún haciéndolo de manera activa, es decir, haciendo una declaración de suspensión de las relaciones de trabajo cuando ni siquiera la autoridad sanitaria ha hecho pronunciamiento alguno sobre este particular.

–Muchas gracias, señor ministro. ¿Señora Ministra Martínez Gil?

–Gracias, Presidente. Yo no encuentro inconveniente alguno para que se haga una interpretación conforme en este asunto. En varias ocasiones esta Suprema Corte ha hecho este tipo de ejercicio sobre disposiciones reglamentarias emanadas del Ejecutivo, y no veo razón para que no pueda hacerse también sobre un decreto presidencial, pues el que puede lo más, puede lo menos, máxime si la propia Constitución manda que se vigilen estrechamente los principios constitucionales que ya usted ha señalado. De hecho, y lo digo sólo a modo de observación, como no se trata de una ley lo que estamos analizando, la viabilidad de una interpretación conforme que se haga sobre este caso requerirá tan sólo de una votación de mayoría simple y no calificada de ocho votos. Por cuanto hace a la aplicación del principio pro persona que señala el Ministro Jiménez Vásquez, me parece que éste reclama justo lo contrario. La forma en la que esta Suprema Corte puede ser más favorable a los trabajadores es hacer precisamente el cambio de “emergencia” a “contingencia” para que se suspendan las relaciones laborales. Y ello, por una razón muy simple. Si durante la vigencia del decreto de suspensión de derechos y de la pandemia misma los patrones y empresas siguen obligados a pagar los salarios sin que haya producción, su quiebra es inevitable y las fuentes de trabajo se perderán, con el respectivo daño irreparable a los trabajadores. En cambio, si las relaciones laborales son suspendidas mientras se supera la contingencia, las fuentes de empleo no se perderán y los trabajadores reanudarán sus labores en cuanto se levante el referido estado, preservando indefinidamente su fuente de empleo. De esta suerte, la verdadera forma de asistir al trabajador con el principio pro persona en mente es, desde luego, suspender de inmediato las relaciones de trabajo hasta que se supere la emergencia. La diferencia de razonamiento sobre el principio pro persona que tengo con el ministro Jiménez Vásquez radica en que yo veo el problema a mediano plazo y él a corto. Finalmente, debo decir que la figura de la contingencia sanitaria está prevista en la Ley Federal del Trabajo por una razón, y esa razón es precisamente la de enfrentar una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. Pretender evadir la hipótesis normativa del caso con fines populistas y mediante trucos gramaticales me parece un inaceptable fraude a la ley. Es cuanto, Presidente.

–Gracias, señora Ministra. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?

El pleno permaneció en silencio.

–Bien –continuó el Presidente–. Hemos agotado todos los temas que prevé el proyecto de la señora Ministra ponente. ¿Alguien desea hacer algún comentario final? ¿Señor Ministro Pérez Prado?

–Gracias, Presidente. Para solicitarle atentamente se me permita formular voto particular sobre la falta de competencia de esta Suprema Corte para pronunciarse sobre la facultad exclusiva del Presidente en la emisión del decreto inicial de suspensión de Derechos Humanos y sus garantías.

–Con gusto, señor Ministro. Tome nota, señor secretario. ¿Señor Ministro Villanueva del Conde?

–Para adherirme al voto particular del señor Ministro Pérez Prado, por favor.

–Con gusto, señor Ministro. ¿Señor Ministro González Ursúa?

–En los mismos términos, señor Presidente.

–Con gusto, señor Ministro. Señor secretario, tome nota de ambas adherencias.

–Sí, señor.

–¿Alguien más?… Señor secretario, hágame el favor de tomar la votación.

–Con gusto, señor Presidente. ¿Señor Ministro Beltrán Carrasco?

– Con el proyecto.

–¿Señor Ministro Cuevas Espíndola?

– En el mismo sentido

–¿Señora Ministra Duarte Llano?

– Con el proyecto.

–¿Señor Ministro González Ursúa?

– En contra del proyecto

–¿Señor Ministro Jiménez Vázquez?

– En contra del proyecto.

–¿Señora Ministra Martínez Gil?

– A favor del proyecto.

–¿Señora Ministra Mendoza Ascencio?

– A favor.

–¿Señor Ministro Pérez Prado?

– En contra del proyecto.

–¿Señor Ministro Quintero Aguirre?

– Con el proyecto.

–¿Señor Ministro Villanueva del Conde?

–En contra del proyecto.

–¿Señor Presidente Barrios González?

– Con el proyecto

–Señor Presidente, hay mayoría de siete votos a favor del proyecto. Los señores Ministros González Ursúa, Pérez Prado y Villanueva del Conde formularán voto particular sobre la incompetencia de esta Suprema Corte para conocer del presente asunto.

–Gracias, señor secretario. En consecuencia, se resuelve:

Primero. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asume la revisión oficiosa del decreto presidencial de suspensión de derechos y sus garantías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2020.

Segundo. Se declara que el término “emergencia sanitaria” usado en el decreto de referencia deberá entenderse como “contingencia sanitaria”, para todos los efectos legales a los que haya lugar, a partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia.

Tercero. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y archívese el asunto como total y definitivamente concluido.